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“En la cuarta República, la tendencia era disminuir el papel del Estado en materia de protección de los menores de 17 años de edad y justificar la existencia de las llamadas entidades privadas de atención para esa población”, dijo la diputada socialista
Periodista:María Alejandra Brito Fotografo:Arles Arcia
La diputada Gladys Requena (PSUV/Vargas, saludó este martes la presentación del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el cual fue aprobado en primera discusión durante la sesión ordinaria de este martes.
La parlamentaria destacó que el instrumento desarrolla aspectos referentes al sistema penal de responsabilidad de adolescentes, teniendo como objetivo el fortalecimiento de derechos y garantías, atendiendo a una política de intervención penal mínima, con carácter esencialmente garantista.
Refirió que en torno a ese tema, existen avances constitucionales y legales, aunque consideró también se debe reconocer las políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de Venezuela. “Podemos señalar que el 40 por ciento de la población nacional es menor de 17 años de edad, lo que significa un inmenso desafío para el Estado venezolano, que no escatima la inversión en materia de derechos de esa población”, dijo.
Requena indicó que Lopnna (vigente) fue sancionada durante la cuarta República aunque entró en vigencia casi en el año 2000. “Esa Ley favoreció, en un primer momento, la privatización en materia de atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy contamos con instituciones dedicadas a la atención gratuita de esa población: Idena, Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Misión Niños y Niñas del Barrio; así como programas y sociales y políticas de Estado que nos ponen en coherencia con la Convención del Niños, las Niñas y de los Adolescentes y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En ese contexto, consideró que la Reforma de ese instrumento deja claro que existe conciencia de que el instrumento vigente tiene fallas y requiere de modificaciones, tal es el caso del sistema penal, por lo cual se plantea el desarrollo de aspectos judiciales con base a la experiencia de las instituciones integrantes del Sistema de Justicia, para la ampliación de las garantías penales y procesales.
Ese Proyecto contempla la concepción integral Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; el carácter garantista de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes; y el planteamiento de la trilogía Estado-familia-sociedad.
“En la cuarta República, la tendencia era disminuir el papel del Estado en materia de protección de los menores de 17 años de edad y justificar la existencia de las llamadas entidades privadas de atención para esa población”, dijo la diputada socialista Gladys Requena.
Señaló que además se plantea el tema de la imputabilidad a partir de los 13 años de edad; así como la educación y atención integral de niños, niñas y adolescentes que puedan incurrir en alguna conducta delictiva.
“Esta propuesta apunta al fortalecimiento de los derechos y garantías constitucionales. En ese sentido respaldamos el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de garantizar los compromisos asumidos por el Estado en el ámbito nacional e internacional, en beneficio de la población”, concluyó la parlamentaria.
La parlamentaria destacó que el instrumento desarrolla aspectos referentes al sistema penal de responsabilidad de adolescentes, teniendo como objetivo el fortalecimiento de derechos y garantías, atendiendo a una política de intervención penal mínima, con carácter esencialmente garantista.
Refirió que en torno a ese tema, existen avances constitucionales y legales, aunque consideró también se debe reconocer las políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de Venezuela. “Podemos señalar que el 40 por ciento de la población nacional es menor de 17 años de edad, lo que significa un inmenso desafío para el Estado venezolano, que no escatima la inversión en materia de derechos de esa población”, dijo.
Requena indicó que Lopnna (vigente) fue sancionada durante la cuarta República aunque entró en vigencia casi en el año 2000. “Esa Ley favoreció, en un primer momento, la privatización en materia de atención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy contamos con instituciones dedicadas a la atención gratuita de esa población: Idena, Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Misión Niños y Niñas del Barrio; así como programas y sociales y políticas de Estado que nos ponen en coherencia con la Convención del Niños, las Niñas y de los Adolescentes y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En ese contexto, consideró que la Reforma de ese instrumento deja claro que existe conciencia de que el instrumento vigente tiene fallas y requiere de modificaciones, tal es el caso del sistema penal, por lo cual se plantea el desarrollo de aspectos judiciales con base a la experiencia de las instituciones integrantes del Sistema de Justicia, para la ampliación de las garantías penales y procesales.
Ese Proyecto contempla la concepción integral Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; el carácter garantista de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes; y el planteamiento de la trilogía Estado-familia-sociedad.
“En la cuarta República, la tendencia era disminuir el papel del Estado en materia de protección de los menores de 17 años de edad y justificar la existencia de las llamadas entidades privadas de atención para esa población”, dijo la diputada socialista Gladys Requena.
Señaló que además se plantea el tema de la imputabilidad a partir de los 13 años de edad; así como la educación y atención integral de niños, niñas y adolescentes que puedan incurrir en alguna conducta delictiva.
“Esta propuesta apunta al fortalecimiento de los derechos y garantías constitucionales. En ese sentido respaldamos el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de garantizar los compromisos asumidos por el Estado en el ámbito nacional e internacional, en beneficio de la población”, concluyó la parlamentaria.
