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La presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional señala como logro del marco legal que se ocupa de la gestión del sector
MICHELLE ROCHE RODRÍGUEZ 12 DE AGOSTO 2013
La ley orgánica de cultura que podría sancionarse mañana en la Asamblea Nacional ha recibido críticas de la oposición y de algunos sectores del chavismo por la celeridad con la que se han aprobado sus artículos, a pesar de que el proyecto de ley que fue la base del que se discutió la semana pasada da vueltas por la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional desde antes de la creación del Ministerio de Cultura, en 2005, y de que desde junio se organizaron mesas y consultas públicas para debatirlo en los estados Zulia, Nueva Esparta, Carabobo, Anzoátegui, Ciudad Bolívar, Yaracuy, Distrito Capital, Barinas y Mérida.
Otras objeciones que levanta la ley entre miembros de la oposición es la separación que hace entre las llamadas bellas artes y el arte popular –al que parece asociársele con tradiciones, en detrimento de las manifestaciones urbanas– y la introducción de la definición de zonas de interés cultural y de un fondo para financiar el sector que manejaría el ministerio.
Para Gladys Requena, presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, puntos centrales del nuevo marco legal son, sin embargo, los conceptos que maneja de identidad y diversidad cultural y los artículos que incorpora sobre la gestión del sector. “La ley vigente amarra la posibilidad de la aplicación para el sector de la cultura de la seguridad social y la protección al artista y al cultor”, dice.
Luego de la aprobación de la ley –que por ser orgánica regirá a otras leyes del sector– podrán elaborarse y discutirse la ley de diversidad y patrimonio cultural, en la que se tratará el asunto de las zonas de interés cultural, y la de gestión cultural, en la que se ampliará la información sobre el fondo de cultura cuya creación se establece en el instrumento que podría sancionarse mañana.
–Sectores de la oposición se quejan de la “celeridad” en la aprobación del marco legal.
–Sí, ese planteamiento lo hicieron en una rueda de prensa el miércoles el sociólogo Tulio Hernández y la diputada María Corina Machado, quien casi no ha asistido a las reuniones para debatir el documento. Pero dígame usted si no cree que ya es hora de que aprobemos una ley cuya primera discusión se realizó en 2005.
–Algunos denuncian que ciertos planteamientos de las mesas de trabajo no se llevaron a consulta popular.
–Lo rechazo categóricamente. Todos los temas surgidos los sometimos a consulta en las regiones, que incluso llegaron a proponer cómo administrar el fondo, pero eso tendremos que remitirlo a las leyes especiales.
–Las zonas de interés cultural se asemejan a lo que en otros países son los reservorios. ¿A qué se refieren?
–Sí. Las definimos como una determinada localidad cuyas condiciones geográficas, formas de vida de sus pobladores, cosmovisión, usos, costumbres, actividad creadora, conocimiento y saber, organización socioeconómica y política es patrimonio cultural local de significativo aporte a la cultura nacional y universal y que se encuentran en peligro o menoscabo.
–¿Qué implica esa protección? ¿No cree que más que preservar las manifestaciones culturales de ciertas comunidades podría terminar convirtiéndolas en lugares detenidos en el tiempo?
–Eso lo vamos a normar cuando venga la ley que tiene que ver con diversidad e identidad nacional.
–El marco legal no alude a la relación entre la cultura y las industrias culturales y las tecnologías de la información. ¿Se planea una reforma de las leyes que regulan a los medios de comunicación?
–Eso lo trabajamos en el artículo 22, referente a los medios de comunicación, con el objetivo de que produzcan contenidos y programación fundamentada en los principios de la cultura venezolana y de la paz, descolonizadora y democrática. Tocará al ente rector encargarse de que los medios de comunicación participen en consonancia con ese artículo. Buscamos evitar los procesos de transculturización en los medios masivos.
–¿Por ejemplo?
–Programaciones que privilegien culturas extranjeras, como una película colombiana.
–¿Todo esto por una película colombiana?
–Cualquier programación que atente contra la identidad nacional.
–¿Y la diversidad cultural?
–Claro, la ley reconoce la diversidad, pero nunca en detrimento de la identidad nacional.
–Lo que no se entiende es cómo una película extranjera va en detrimento de la identidad nacional.
–Cuando una televisora no proyecta lo nuestro y muestra siempre culturas foráneas no cultiva la identidad nacional. Debe haber un equilibrio que permita que se difunda una obra, digamos, uruguaya, y también otra de Venezuela. Aquí hubo tiempos en los que se veían contenidos televisivos ajenos a nuestra identidad nacional. Y lo que es más grave, estos estaban vinculados con el narcotráfico y el uso de la mujer como objeto sexual.
–¿Qué definición de identidad nacional propone la ley?
–En la ley usamos las definiciones de “cultura venezolana” e “identidad cultural venezolana”. La primera se refiere a nuestras formas de interpretar el mundo y la segunda, a las formas de conocernos y valorarnos de manera inconfundible en el sentido de pertenencia al pueblo venezolano. Aquí había una época en la que a la gente le daba pena poner joropo porque era denigrante.
–A algunos les daría pena, a otros no.
–Pero había una intencionalidad de desmontar lo nacional.
–La ley señala que se creará el sistema nacional de cultura. ¿Qué papel tendrán en ese sistema las alcaldías, gobernaciones y universidades?
–Las alcaldías y gobernaciones tienen que articular sus políticas públicas al plan nacional de cultura, respetando sus particularidades locales. Establecimos vasos comunicantes entre instancias a través de los consejos estadales de cultura, que son espacios políticos, estratégicos y horizontales que permiten la articulación de las políticas generales en los estados y municipios, así como en el poder popular, porque los consejos comunales también tienen sus comités de cultura.
La polémica del fondo
La ley establece la creación de un fondo nacional para la cultura, financiado con donaciones realizadas desde los ámbitos público y privado. Las personas naturales y jurídicas privadas cuya utilidad neta anual supere 20.000 unidades tributarias –al precio actual de 107 bolívares, se hablaría de 2,14 millones de bolívares– estarán obligadas a aportar 1% de sus ganancias al fondo.
“A eso nos referimos con la corresponsabilidad en cultura”, aclara Gladys Requena. Además, las organizaciones culturales deben aportar por las actividades que generen lucro 1% de sus ganancias. “El reglamento establecerá un mecanismo, pero bajo la dirección del ministerio”, agrega la diputada.
El miércoles, en el Ateneo de Caracas, el diputado de oposición Luis Barragán advirtió que el fondo podría convertirse en otro organismo estatal sin rendición de cuentas. Representantes del sector ven con desconfianza que hasta la fecha no se ha presentado ante la Asamblea un análisis socioeconómico que muestre cuáles son las necesidades financieras del sector y cuáles serán las prioridades que atenderá el ministerio a través del fondo.
