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El primer vicepresidente de la AN afirmó que todos los venezolanos que participaron en las asambleas y los inquilinos del país deben sentirse satisfechos y pueden estar seguros de que la comisión especial hará un esfuerzo para que este año el debate legislativo tenga en primer lugar la Ley de Arrendamiento, “por eso pediremos la urgencia reglamentaria, que significa empezar a discutir la ley de inmediato”
Vanessa Pereira / Foto: Lenin Castillo / Prensa AN
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Aristóbulo Istúriz, encabezó la entrega de firmas que respaldan el Proyecto de Ley para la Regulación y Control del los Arrendamientos Inmobiliarios y Viviendas, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la mañana de este miércoles.
“La Red de Inquilinos y todos los movimientos de arrendatarios del país que forman parte del Movimiento de Pobladores hoy están sentando un precedente, pues es la primera vez en la historia de Venezuela que se está activando un mecanismo constitucional para la elaboración de esta ley que nace por iniciativa popular”, enfatizó.
El primer vicepresidente del Parlamento señaló que más de 1.130 asambleas se desarrollaron a nivel nacional, y que allí se sometió a consideración este papel de trabajo. “La gente lo debatió e hicieron aportes. Ellos mismos estructuraron este proyecto de ley recogiendo un total de 417 mil firmas”, explicó.
Indicó que el día de hoy fueron presentadas 413.498 rúbricas que respaldan el instrumento jurídico.
En ese sentido, Istúriz explicó que la comisión especial, luego de recibir la norma, la enviaron a la Dirección de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional para la elaboración del estudio económico y técnico-jurídico correspondiente para acompañarla.
Continuó explicando que la comisión decidió dar el siguiente paso en este proceso. “Una vez cumplidos todos los pasos que debe tener una ley, vamos a someter la revisión y verificación de las firmas a consideración del CNE, tal como lo establece la Constitución”.
Reveló que la ley establece unas 17 mil firmas, “y nosotros entregamos 413 mil 498 rúbricas”.
Igualmente, indicó que esta semana se activaron todos los mecanismos para dar inicio al proceso de revisión de las firmas, al tiempo que anunció que la próxima semana la comisión especial presentará un informe preliminar ante la plenaria de la Asamblea Nacional de todos los pasos dados.
“Vamos a decidir en la plenaria si la comisión especial será la que haga el estudio de la ley o si pasa a la Comisión Permanente de Administración y Servicios”, señaló.
Luego de presentar ese informe, refirió Istúriz, la comisión especial solicitará la urgencia reglamentaria para el inicio de la discusión. Expresó que éste es un hecho sin precedentes que permitió la colaboración de los poderes, pues hubo intercambio de recomendaciones y observaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Electoral.
“Las recomendaciones del Poder Electoral fueron cumplidas y a partir de ahora establecimos el mecanismo. Será la Asamblea la que reciba todo proyecto de ley de iniciativa legislativa y, revisados los pasos cumplidos para que la ley pueda llamarse ley, se solicita al CNE la revisión y verificación de las firmas”, expuso.
Del mismo modo, el primer vicepresidente de la AN afirmó que todos los venezolanos que participaron en las asambleas y los inquilinos del país deben sentirse satisfechos y pueden estar seguros de que la comisión especial hará un esfuerzo para que este año el debate legislativo tenga como primera ley la Ley de Arrendamiento, “por eso pediremos la urgencia reglamentaria, que significa empezar a discutir la ley de inmediato”.
Para el primer vicepresidente del Parlamento, la relación entre los propietarios y los inquilinos siempre ha tenido a los arrendatarios como la figura jurídica débil, y eso ha originado que la vivienda se convierta en un objeto de mercado cada vez más costoso y escaso.
“En esa relación no hay mecanismos de regulación seguros que protejan a los inquilinos, sin olvidar al propietario. Este último ha sido el que hasta ahora ha tenido más protección y ha puesto condiciones sin regulación. Este proyecto no desconoce al propietario, pero le brinda mayor seguridad a los inquilinos”, destacó.
Por último, subrayó el gran ejemplo del ejercicio del Pueblo Legislador. “El pueblo se está activando, y está dando el ejemplo de cómo se hacen las leyes. Cada organización y movimiento popular debe organizarse de acuerdo con los problemas que los afecten para crear sus propias posibilidades de solución”, sentenció.
Istúriz estuvo acompañado por representantes y voceros de los distintos movimientos de inquilinos y del Poder Popular, así como de los diputados integrantes de la comisión especial designada para el estudio de esta norma: Andrés Eloy Méndez, Juan Carlos Alemán, Marcos Figueroa, José Ávila, José Graterol, Morel Rodríguez, Rosa León, Gladys Requena, Marlene Contreras, y Dinora Figuera.
Reacciones
La vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, Ana Marina Rodríguez, expresó que para la elaboración de este instrumento legal se contó con la participación de diferentes abogados y especialistas en derecho de todo el país, con el fin de darle una orientación y forma a esta propuesta.
Asimismo, destacó que una de las bondades de esta ley es que se establece una condición de igualdad entre el arrendador y el arrendatario.
Por su parte, Elizabeth Santos, representante de la Red Metropolitana de Inquilinos, se refirió a la campaña de desprestigio que algunos medios de comunicación han desplegado en contra de esta ley. Al respecto, hizo un llamado a todos los venezolanos a que hagan caso omiso de estas declaraciones, pues esta propuesta no busca vulnerar el derecho de nadie. “Lo que queremos es establecer un mecanismo de regulación”, dijo.
Santos destacó que de ser aprobada esta norma, las familias venezolanas no podrán ser echadas arbitrariamente.
“Proponemos que ninguna familia venezolana pueda quedar en la calle víctima del desalojo. El Estado debe proveer de una nueva vivienda o una solución habitacional temporal o definitiva a una familia que deba entregar un inmueble”, expuso.
Finalmente, el diputado por el estado Falcón, José Graterol, integrante de la comisión especial que estudiará este proyecto de ley, expresó que de esta propuesta dependerá en gran medida que en el país se inicie una gran construcción de viviendas.
“Apostamos, sin prejuicio, a una ley que no sea punitiva, sino que proteja los derechos y garantías de los inquilinos y propietarios, sin perjudicar los derechos de terceros”, sentenció.
